Se proyecta que, para 2035, en la Región Metropolitana las personas de 65 años o más representarán el 19% de la población del Gran Santiago (1.285.624), mientras que en 2017 solo representaban el 11% (796.318). En la misma región, como ocurre en otras regiones del país, las personas mayores integran el sector de ciudadanos con mayores niveles de organización social en comparación con otros segmentos de organizaciones sociales. Se destacan igualmente por su gran dinamismo en términos de regularización de su formalización o recuperación de la vigencia jurídica después de la pandemia de COVID-19. En efecto, a mediados de 2022, los clubes de adultos mayores y las uniones comunales de adultos mayores retomaron paulatinamente la celebración de reuniones permanentes.
Diversas publicaciones y estudios, especialmente aquellos elaborados en las últimas dos décadas, posteriores al Plan de Acción Internacional de Madrid, han destacado el proceso creciente de participación social de las personas mayores en Chile. En este horizonte, destacan las afirmaciones de la socióloga Beatriz Fernández Lorca: “la participación de los mayores en la toma de decisiones de distintos ámbitos sociales y políticos es un proceso imprescindible, tanto por su experiencia vital como por la necesidad de una representación adecuada en términos cuantitativos” (Fernández Lorca, 2012). De este modo, muchas de las propuestas planteadas por diversos organismos e instituciones han estado dirigidas a promover la participación real y efectiva de los adultos mayores, para lograr así una plena integración en la vida social que, además, es consistente con el nuevo enfoque de derechos, que aboga por que los individuos dejen de ser considerados solamente como objetos de asistencia y de cuidados, promoviéndose más bien un continuo empoderamiento de estos (CEPAL, 2004).
En este marco favorable de presencia y dinamismo de las organizaciones de personas mayores, la organización no gubernamental Centro de Capacitación y Desarrollo, en conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano, propuso llevar a cabo el programa Difusión Empoderamiento de las Personas Mayores en la RM, reconocido comunicacionalmente como Mayores por la Región.
Cabe señalar que los componentes del programa, que se relacionan principalmente con la vinculación sectorial, la integración territorial y la incidencia regional, forman parte de las demandas de gestión de la Mesa Regional de Personas Mayores, instancia inédita en el país, desde fines de 2020.
La participación con enfoque de derechos humanos conduce al empoderamiento
Tanto en la década anterior (2010-2019) como en la actual (2020-2029), el nuevo paradigma del enfoque de derechos humanos se ha presentado como base de la gestión pública que afecta a todos los grupos sociales. Por lo tanto, el reconocimiento del derecho a la participación incidente de la ciudadanía en la gestión pública se convierte en el nuevo indicador de desarrollo y modernización de las sociedades. Dicho paradigma, ya incluido en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) , en lo referido a las personas mayores, se define y muestra su mayor alcance en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015).
El concepto de empoderamiento, asociado a la acción de generar poder y a la capacidad de transformar el entorno, también se entiende desde la doctrina internacional de derechos humanos como la participación ciudadana activa, plena e incidente. Su efecto de realización humana tiene un gran impacto tanto en el aspecto subjetivo como en el social, ya que promueve el mejoramiento de las condiciones de salud, fomenta el interés por aprender y favorece la ejecución de acciones preventivas enfocadas en el autocuidado, por lo que se genera además un sentimiento de autonomía y libertad en relación con la integración social y la toma de decisiones.
El empoderamiento no solo tiene que ver con habilitar y va más allá de comprender las causas y enfrentar las barreras relacionadas con la discriminación. Se trata de un sentido de pertenencia que se genera desde el compromiso y la convicción y de una sensibilidad social que facilita el trabajo colaborativo con el vecino por un sueño en común. Además, implica una transformación interna y un cambio de actitud que fomentan la empatía, la búsqueda colectiva del bien común y las mejoras individuales semejantes entre las personas mayores, así como entre estas y las demás generaciones.
En diversos estudios se ha demostrado que las personas mayores que participan en grupos sociales tienen una mejor calidad de vida que las que están socialmente aisladas. Asimismo, se observan correlaciones positivas entre la percepción de bienestar y una vida activa (Fernández Lorca, 2012).
La participación impulsada por el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento se refiere a la incidencia de las personas mayores en la gestión pública
Cuando se diseñan programas territoriales y locales que afectan a las personas mayores, se debe valorar la vigencia histórica de los contenidos, los acuerdos y las orientaciones internacionales del Plan de Acción de Madrid, llegando incluso a establecer un antes y un después tras la adopción de este Plan en 2002. Se hace referencia principalmente a las metas, los objetivos, las acciones propuestas y las definiciones programáticas descritas en la Declaración Política y en los ejes prioritarios del citado Plan.
En el artículo 5 de la Declaración Política del Plan se destaca la valoración y el compromiso de garantizar la participación integral de las personas mayores:
Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para promover la democracia, reforzar el Estado de derecho y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. […] Asimismo, reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Estamos decididos a realzar el reconocimiento de la dignidad de las personas de edad y a eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia.
En el punto 10 de la Introducción, se señala que el objetivo del Plan es “garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos”. A continuación, en la Orientación prioritaria I, Las personas de edad y el desarrollo, se describe programáticamente que “las personas de edad deben ser participantes plenas en el proceso de desarrollo y compartir también los beneficios que reporte”.
En el objetivo principal del Plan de Acción de Madrid se explica de manera detallada que la participación consiste en garantizar y favorecer la incidencia de las personas mayores en la toma de decisiones de las instituciones del Estado. Las medidas que se proponen en el “Objetivo 2: Participación de las personas de edad en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles” de la Orientación prioritaria I son las siguientes:
- Incorporar las necesidades de las personas de edad y las cuestiones que les preocupan a los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles;
- Estimular, en los casos en que todavía no existan, el establecimiento de organizaciones de personas de edad a todos los niveles, entre otras cosas para representar a las personas de edad en los procesos de adopción de decisiones;
- Adoptar medidas para permitir la participación plena e igual de las personas de edad, en particular de las mujeres de edad, en la adopción de decisiones a todos los niveles.
La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública define esta función como derecho y como responsabilidad cívica
En la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado y adoptada en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Portugal, 2009), se define el nuevo paradigma relativo a la participación ciudadana en la gestión pública.
Según la definición que figura en la Carta,
Se entiende por participación ciudadana en la gestión pública el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas.
En la Carta se recoge lo expresado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y se afirma lo siguiente:
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
- de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
- de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
El Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo explicita la urgencia de fomentar el protagonismo y el empoderamiento de las personas mayores
A diez años del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, celebrado del 12 al 15 de agosto de 2013 y acordado en la Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe bajo el lema “Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014”, los países firmantes participaron del proceso de evaluación, aplicación y cumplimiento.
En cuanto a la participación, en el capítulo C del Consenso titulado “Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos” se destacan acuerdos y orientaciones para adoptar medidas basadas, entre otras cosas, en las consideraciones y los reconocimientos que se describen a continuación:
- Las personas mayores son sujetos de derechos, que han contribuido y continúan desempeñando un papel activo en las diversas áreas del desarrollo, y que los países deben reconocerlos como actores clave en la elaboración de las políticas públicas,
- La voluntad política y la determinación de los países de América Latina y el Caribe de garantizar en cada decisión el ejercicio pleno de los derechos humanos se realiza sobre la premisa de dotar a las personas para que sean ellas mismas las protagonistas del cambio, por lo que se debe facultar a las personas mayores, eliminando los obstáculos que atentan contra la igualdad entre hombres y mujeres, de modo tal que cada persona tenga la capacidad de ejercer el pleno poder de tomar sus propias decisiones,
- El empoderamiento de las personas mayores es una dimensión clave para el pleno respeto de sus derechos humanos y su plena participación en un modelo de desarrollo que para ser sostenible debe ser inclusivo.
De los 10 capítulos y 98 acuerdos, se deben destacar aquellos referidos a la participación de personas mayores, como el acuerdo 21, “Asegurar la incorporación y participación equitativa de las personas mayores en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas que les conciernen”, y el acuerdo 27, “Incorporar a las personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas y como actores fundamentales en la formulación e implementación de las políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores”.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores nos revela con precisión el camino para fortalecer la participación como proceso creciente e incidente en la vida de toda la sociedad
A casi diez años de la celebración de la Convención, es importante destacar su contribución al reconocimiento de la participación ciudadana como derecho protegido. En primer lugar, en el artículo 8 de la Convención titulado “Derecho a la participación e integración comunitaria” se establece lo siguiente:
- La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.
- Los Estados parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:
a. Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.
b. Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social.
c. Asegurarán que las instalaciones y servicios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.
En segundo lugar, en el artículo 27, “Derechos políticos”, se señala que “la persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad”.
A continuación, se afirma:
- Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación plena y efectiva en su derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:
d. Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.
Igualmente, en el artículo 28, “Derecho de reunión y de asociación”, se establece:
- La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones. A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
e. Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la difusión de los derechos enunciados en la presente Convención.
La Mesa Regional de Personas Mayores se ha convertido en el pilar dinamizador de la participación ciudadana desde los territorios
Mediante la Resolución Exenta núm. 1619 de 24 de noviembre de 2020 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Mesa Regional de Personas Mayores.
En la Resolución se plantea que la misión de la Mesa es:
- Ser una instancia de discusión y diálogo permanente, entre sus integrantes, organizaciones de la sociedad civil, autoridades, entidades públicas/privadas y Academia, en la que se desarrollará un trabajo inclusivo de participación activa, que promoverá la visibilización, sensibilización, formulación de propuestas y colaboración en pro de las personas mayores de la Región Metropolitana. Además, será un espacio de retroalimentación, proposición y seguimiento de los diferentes temas que se discutan.
En cuanto a la visión, se señala:
- La Mesa Regional de Personas Mayores materializará los compromisos adquiridos por sus integrantes, organizaciones de la sociedad civil, autoridades, entidades públicas/privadas y Academia. Constituye una instancia de participación incidente, asesoría, seguimiento y coordinación en el desarrollo de las políticas públicas, planes, programas e instrumentos de planificación de desarrollo regional asociadas a las personas mayores, en el marco de la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado de Chile, Decreto N° 162, el 01 de septiembre de 2017, a la realidad regional metropolitana de Santiago.
Mayores por la Región es un programa que surge de una mesa regional empoderada y se extiende a los territorios comunales como proceso natural de fortalecimiento de la participación
Los objetivos del programa se basan en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo propósito principal es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad” (OEA, 2015). El enfoque y las acciones allí descritas se pueden aplicar a los distintos territorios, en este caso, a las 11 circunscripciones de la Región Metropolitana de Santiago.
Programa Mayores por la Región, Gobierno de Santiago, 2024.
Objetivo general
Generar capacidades y herramientas de empoderamiento en las personas mayores de la Región Metropolitana desde el ejercicio de derechos, a través del fortalecimiento del liderazgo, la integración territorial, el desarrollo de sus organizaciones, la acción colaborativa en red y la consolidación de la participación incidente en la gestión pública.
Objetivos específicos
- Fortalecer el desarrollo de capacidades de vinculación territorial, promover la coordinación de las organizaciones de personas mayores y sus dirigentes con la Mesa Regional de Personas Mayores desde los territorios y llevando a cabo campañas de comunicación sobre la importancia de la participación ciudadana y el ejercicio de derechos.
- Fortalecer la integración y la incidencia territorial intercomunal de las personas mayores mediante el establecimiento de espacios de formación, integración y autocuidado, y fomentar la participación protagónica desde sus organizaciones, asociaciones y redes en las distintas comunas de cada circunscripción.
- Consolidar la integración y el empoderamiento regional mediante la participación en un espacio regional innovador de integración y convivencia, así como de reconocimiento y celebración del papel de las personas mayores y de su contribución al desarrollo de la Región, con la participación de líderes, lideresas, socios de las organizaciones de personas mayores, personas no organizadas, autoridades y representantes a nivel comunal y regional.
- Introducir prácticas que tiendan a fortalecer la cultura de la inclusión y la integración intergeneracional en organizaciones sociales y asociaciones de personas mayores, así como en el conjunto de las organizaciones presentes en sus territorios y las diversas instituciones públicas y privadas, y que permitan construir gradualmente una sociedad para todas las edades.
Resultados, aprendizajes y desafíos
Tras once meses desde el inicio de las actividades del programa Mayores por la Región, es posible confirmar que el liderazgo social de las personas mayores se afianza con los procesos formativos relacionados con los derechos específicos protegidos en la Convención y reconocidos en los diversos acuerdos internacionales.
La acción organizada conscientemente como ejercicio de derechos resignifica el ejercicio de liderazgo de las personas mayores, cuyo quehacer adquiere un nivel de protagonismo insustituible para la gestión pública. Esto permite entender también de qué manera se pasa de atender las necesidades de la organización o asistir a las actividades públicas convocadas unilateralmente a ejercer el liderazgo incidente y participar en la toma de decisiones.
En esta nueva dimensión de la participación política organizada se descubren, igualmente, nuevas valoraciones de la acción colaborativa con las instituciones públicas en el espacio territorial. En el caso del programa Mayores por la Región, se han establecido acuerdos y compromisos asociativos en materia de derechos con las principales autoridades locales, como alcaldes, alcaldesas y concejales, para formular normativas locales de protección de derechos bajo la modalidad de ordenanzas municipales de protección de los derechos humanos de las personas mayores. En este sentido, la Mesa Regional de Personas Mayores resolvió crear una comisión estable que promueva y acompañe los procesos de formulación de normativas locales.
Un programa de empoderamiento es una fuente de aprendizajes y desafíos diarios para la gestión y la agenda pública. Gracias a las experiencias adquiridas en las diez Jornadas de integración territorial, en las que participaron alrededor de 4.000 personas mayores provenientes de 49 comunas de la Región, se han afianzado lazos de compromiso y solidaridad al compartir buenas prácticas de empoderamiento e incidencia en cada comuna. Además de las ordenanzas municipales de protección de derechos establecidas en ocho comunas, se pone de relieve la existencia de consejos ciudadanos comunales de personas mayores dirigentes, el funcionamiento de mesas comunales intersectoriales de personas mayores, la presencia de comisiones de concejales en los gobiernos locales dedicadas exclusivamente a tratar temáticas relacionadas con las personas mayores y el envejecimiento comunal, y la elaboración de políticas y programas comunales que buscan mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por otro lado, la vinculación y la integración territoriales también han permitido fortalecer la labor de la Mesa Regional de Personas Mayores mediante la creación de mesas territoriales de trabajo permanente, situadas en cada una de las zonas donde se han llevado a cabo las jornadas de integración. El programa incluye, entre otras cosas, la creación de 11 mesas territoriales de participación incidente, que se articulan de manera directa con la Mesa Regional de Personas Mayores. ¡Empoderar para incidir sí es posible!
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