En el presente artículo se examina, desde una perspectiva demográfica, la manera en la que el aumento de la población de 65 años y más, específicamente el acelerado aumento de la proporción de personas de 80 años y más, así como la heterogeneidad sociodemográfica y de salud que presenta este grupo poblacional, suponen un reto en materia de cuidados, pues la demanda de servicios de apoyo, acompañamiento y cuidados especializados se está incrementando y lo seguirá haciendo (CEPAL, 2022c, pág. 151). Ciertamente, el aumento de la demanda de cuidados de largo plazo de las personas mayores recae sobre sus familiares, en especial sobre las mujeres, que suelen ser quienes absorben la carga de cuidado familiar tanto de niñas y niños como de personas mayores .
Panorama de la evolución de los cambios demográficos en América Latina y el Caribe
En los últimos 70 años, se ha producido un rápido proceso de transición demográfica en la región, que ha pasado de altos niveles de mortalidad y fecundidad en la década de 1950 a bajos niveles en ambas variables en la actualidad. Ese proceso se refleja en el aumento del porcentaje de personas de 65 años y más , que ha sido más acelerado que en otras regiones del mundo (véase el gráfico 1) (Naciones Unidas, 2024). Se proyecta que para 2050 habrá 2,1 veces más personas de 65 años y más que en 2024, cuya cifra pasará del 9,9% al 18,9% de la población total. En general, los países del Caribe han experimentado un proceso de envejecimiento más temprano y presentan actualmente un mayor porcentaje de población de 65 años y más que los países de América Latina.
Gráfico 1
Población mundial de 65 años y más, por regiones, 1980-2100 (En porcentajes de la población total)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024.
El rápido proceso de envejecimiento conlleva un incremento de la demanda de protección social y cuidados, asociado al aumento de la cantidad y la proporción de personas mayores y a los déficits acumulados por esta población en su curso de vida. No obstante, la proporción de población en edades centrales, que aún es alta, significa que existe una ventana de oportunidad para que los Estados puedan transformar los sistemas de protección social y de cuidados.
De acuerdo con las estimaciones y las proyecciones de población (Naciones Unidas, 2024), la máxima cantidad de población de 0 a 14 años se registró alrededor de 2000 y desde entonces ha disminuido, mientras que la población de 15 a 64 años seguirá creciendo y alcanzará su máxima cantidad en 2041. Por otra parte, se proyecta que la población de 65 a 79 años alcanzará su mayor número en 2077, con 126 millones de personas, y la población de 80 años y más seguirá creciendo hasta 2100 (véase el gráfico 2). En el gráfico 2 se muestra también el rápido crecimiento de la población de 15 a 64 años, que se ha duplicado en 40 años (de 220 millones de personas en 1983 a 448,8 millones de personas en 2024). En ese mismo período, la población de 65 años y más se ha cuadruplicado, pues ha pasado de 16 millones en 1983 a 65,4 millones en 2024. Asimismo, la población de menores de 15 años aumentó levemente hasta inicios del siglo XXI, momento en el que comenzó a disminuir, alcanzando los 149 millones en 1983 y los 149,3 millones en 2024.
Gráfico 2
América Latina y el Caribe (47 países y territorios)[a] : población total a mitad de año, estimada y proyectada, por grupo de edad, 1980-2100 (En millones de personas)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024.
Nota: Las líneas punteadas verticales de distintos colores señalan el año en el que se alcanza el máximo del grupo de edad del color correspondiente.
[a] El Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Caribe Neerlandés, Curaçao, Dominica, Granada, Guadalupe, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Martín (parte neerlandesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago. Centroamérica: Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá. América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
Los cambios poblacionales antes descritos pueden incidir de manera significativa en la demanda de cuidados, principalmente cuando se trata de cambios rápidos y la sociedad no está preparada para mitigarlos. Esto afecta sobre todo a las mujeres, que todavía concentran la atención de los requerimientos de cuidado, lo que muchas veces implica que deban salir de la fuerza de trabajo o cumplir una doble o triple jornada entre trabajo remunerado y no remunerado (en el que se incluyen las tareas de cuidado) (CEPAL, 2022a, 2022b, 2022c y 2023a).
La escala de Madrid II (Duran, 2012) permite medir la demanda de cuidados en una población de acuerdo con su estructura por edades. Para lograrlo, atribuye 3 unidades de cuidado para las personas de 0 a 3 años y de 85 años y más, 2 unidades de cuidado para las personas de 5 a 14 años y de 65 a 84 años, y 1 unidad de cuidado para las personas de 15 a 64 años. Las unidades de cuidado se definen en función del cuidado que necesita la población de este último grupo de edad, que es el que presenta, en promedio, menores requerimientos de cuidado. La demanda de cuidados de una sociedad tiende a aumentar a medida que la población crece. Sin embargo, la demanda de cuidados máxima puede ser distinta a la población máxima debido a las transformaciones que se producen en su estructura por edades (véase el gráfico 3). La demanda de cuidados será mayor como consecuencia de un aumento de población, pero también de una población que envejece. En el gráfico 3 se muestran los escenarios esperados en relación con la demanda de cuidados en diferentes regiones del mundo. En Europa y el Caribe se observará una cierta estabilidad en la demanda de cuidados en comparación con el resto de las regiones en las que se prevé una mayor demanda de cuidados, medida por unidades de cuidado en la población.
Gráfico 3
Demanda de cuidados y población mundial, 2000-2100 (En millones de unidades de cuidado y millones de personas)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024 y M. Durán, El trabajo no remunerado en la economía global, Bilbao, Fundación BBVA, 2012.
Si se considera que toda la carga de cuidado será asumida por personas de 15 a 64 años (sin importar el sexo), la carga de cuidado será considerablemente más alta en el futuro (véase el gráfico 4). Por ejemplo, en 2080, en América Latina esa carga llegará a 3,5 unidades de cuidado por persona cuidadora en Chile y en el Caribe alcanzará unas 4,6 unidades de cuidado por persona cuidadora en Puerto Rico. Si el mercado, el Estado u otras organizaciones no se ocupan de la carga de cuidado y esta queda totalmente a cargo de las mujeres, el escenario es aún peor, pues se prevé, por ejemplo, que para 2080 llegue a 7 unidades de cuidado por mujer en Chile.
Sin embargo, no es sostenible que las mujeres de la región asuman cargas de trabajo de cuidado no remunerado similares a las actuales, pues esto las recarga injustamente, vulnera sus derechos y socava su autonomía. Al mismo tiempo, resulta ineficiente en términos económicos y limita los procesos de recuperación y crecimiento económico de los países.
Gráfico 4
América Latina y el Caribe (47 países y territorios)a: carga de cuidado, 1950-2100 (En unidades de cuidado por persona cuidadora de 15 a 64 años)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024 y M. Durán, El trabajo no remunerado en la economía global, Bilbao, Fundación BBVA, 2012.
Nota: La unidad de cuidado se refiere a la unidad de cuidado total demandada por cada grupo de edad, de acuerdo con la escala de Durán (2012), dividido por la población de 15 a 64 años. La unidad de cuidado total representa la suma de las unidades de cuidado de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más dividido por el total de personas de 15 a 64 años.
a América Latina: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de). El Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Caribe Neerlandés, Curaçao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guayana Francesa, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Martín (parte neerlandesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Suriname.
El aumento del índice de carga de cuidado por persona cuidadora se debe principalmente al aumento de la población de 65 años y más. En los gráficos 5 y 6 sobre países de América Latina y países del Caribe, respectivamente, se presenta la descomposición del índice de Durán para las personas de 0 a 14 años y de 65 años y más. En estos se observa la heterogeneidad de la demanda de cuidados en todos los países de la región y su evolución de 1950 a 2024, así como las proyecciones futuras. Por ejemplo, se muestra que en la Argentina, Chile, Cuba y el Uruguay la demanda de cuidados por persona de 15 a 64 años se ha mantenido bastante estable, sin embargo, se proyecta un aumento considerable para los próximos años.
Gráfico 5
América Latina (20 países): carga de cuidado, 1950-2100 (En unidades de cuidado por persona cuidadora de 15 a 64 años)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024 y M. Durán, El trabajo no remunerado en la economía global, Bilbao, Fundación BBVA, 2012.
Nota: La unidad de cuidado se refiere a la unidad de cuidado total demandada por cada grupo de edad, de acuerdo con la escala de Durán (2012), dividido por la población de 15 a 64 años. La unidad de cuidado total representa la suma de las unidades de cuidado de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más dividido por el total de personas de 15 a 64 años.
Gráfico 6
El Caribe (27 países y territorios): carga de cuidado, 1950-2100 (En unidades de cuidado por persona cuidadora de 15 a 64 años)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024 y M. Durán, El trabajo no remunerado en la economía global, Bilbao, Fundación BBVA, 2012.
Nota: La unidad de cuidado se refiere a la unidad de cuidado total demandada por cada grupo de edad, de acuerdo con la escala de Durán (2012), dividido por la población de 15 a 64 años. La unidad de cuidado total representa la suma de las unidades de cuidado de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y más dividido por el total de personas de 15 a 64 años.
Heterogeneidad en la población de personas mayores y las necesidades de cuidado de largo plazo: efectos de las transformaciones demográficas y epidemiológicas
La población de 80 años y más, el grupo más envejecido y con mayor demanda de cuidados y atención, aumenta a un ritmo más rápido que la población de 65 años y más (véase el gráfico 7). En 1950, la población de 80 años y más representaba menos del 0,5% de la población regional. Con el avance de la transición demográfica, este grupo de población ha aumentado de manera sostenida hasta llegar en la actualidad al 2% de la población total de la región. Se proyecta que en las siguientes décadas este porcentaje siga creciendo y alcance el 5% de la población en 2050 y el 10% en 2075. En todo el período analizado, el índice de feminidad se mantiene siempre superior a 100 en ambos grupos de edad. Dada la mayor sobrevivencia de las mujeres, el predominio femenino se acentúa aún más en la población de 80 años y más, que registra en 2024 un índice de feminidad de 154 mujeres por cada 100 hombres. Según las proyecciones, en las próximas décadas este indicador bajará levemente, pero será siempre superior a las 125 mujeres por cada 100 hombres.
Gráfico 7
América Latina y el Caribe (47 países y territorios)[a]: población de 65 años y más y de 80 años y más e índice de feminidad de la población de 65 años y más y de 80 años y más, 1980-2100 (En porcentajes del total de la población y número de mujeres por cada 100 hombres)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024.
[a] El Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Caribe Neerlandés, Curaçao, Dominica, Granada, Guadalupe, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Martín (parte neerlandesa), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago. Centroamérica: Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá. América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
Esta feminización del envejecimiento indica que las mujeres tienen más probabilidades de necesitar cuidados de largo plazo durante la vejez que los hombres, sin que necesariamente disminuya la cantidad de cuidados que brindan. Sin embargo, en comparación con los hombres, las mujeres cuentan con menos recursos para acceder a dichos cuidados, debido a que muchas dedicaron gran parte de su vida a prestar cuidados a sus familiares sin recibir ningún tipo de prestación o remuneración o a que obtienen ingresos y pensiones más bajos en relación con los hombres (CEPAL, 2022c).
El aumento del peso relativo de las personas de 80 años y más sobre el total de personas mayores es heterogéneo entre los países de la región. Aunque en 2024 ese peso representa el 19% de la región, 16 países y territorios se sitúan por encima de dicho valor, entre los que se destacan Puerto Rico (28%) y el Uruguay (30%). En el otro extremo, Haití y Honduras, que se encuentran en fase incipiente y moderada de envejecimiento, respectivamente, presentan el menor peso relativo, con un 12%. En 2050, el peso relativo será mucho mayor a escala regional (27%), pues en varios países este valor superará el 35%, mientras que la cifra en los países con menor peso relativo se ubicará entre el 13% y el 20% (véase el gráfico 8).
Gráfico 8
América Latina y el Caribe (47 países y territorios): población de 80 años y más, 2024 y 2050
(En porcentajes del total de la población de personas mayores)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024.
La población de 80 años y más presenta, en promedio, mayores niveles de dependencia y de discapacidad que la población de 65 a 79 años, lo que se traduce en mayores necesidades de apoyo, asistencia y cuidado. En particular, las mujeres, que tienen una esperanza de vida y una sobrevida mayor que los hombres, están sobrerrepresentadas entre las personas mayores, especialmente en el grupo de 80 años y más. Por lo tanto, si no se cuenta con sistemas públicos de cuidado accesibles y efectivos, es posible que sean cuidadoras y, al mismo tiempo, necesiten cuidados hasta edades avanzadas (CEPAL, 2022c; Montes de Oca, 2023). Dada la ausencia de mecanismos contributivos que garanticen un acceso adecuado a servicios de cuidado, el papel de las políticas de protección social no contributivas vinculadas a las políticas integrales de cuidado resulta fundamental.
La tendencia del proceso de envejecimiento a escala nacional oculta diferencias en términos de distribución de personas mayores según el territorio, que se considera el eje de la matriz de la desigualdad social (CEPAL, 2016) y el objeto del capítulo G del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En algunos países de la región, las áreas rurales presentan mayores niveles de envejecimiento debido, principalmente, al proceso de migración rural selectiva hacia las zonas urbanas, ya que la población en edad de trabajar se desplaza con más frecuencia y las personas mayores se quedan en las zonas rurales (CEPAL, 2022c; Rodríguez, 2017). En países como Chile y, en menor medida, México y el Perú, el porcentaje de personas de 65 años y más es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. En otros países, como Guatemala y Colombia, sucede lo contrario (CEPAL, 2022c; OPS/CEPAL, 2023). En resumen, como consecuencia del proceso de urbanización, la mayor parte de la población (incluidas las personas mayores) vive en zonas urbanas, pero se observa un envejecimiento prematuro en zonas rurales, que en algunos países presentan mayores niveles de envejecimiento que las urbanas (véase el gráfico 9). Según los datos de los pocos países que cuentan con censos de la década de 2020, este efecto se habría intensificado en los últimos años .
Gráfico 9
América Latina (5 países): personas de 65 años y más, según zona urbana y rural, censos de la ronda de 2020
(En porcentajes de la población total)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
En las zonas rurales se presentan desventajas de tipo social y económico, por lo que las personas mayores que residen en ellas, en particular las de mayor edad, tienen un menor acceso a servicios básicos y servicios de salud más complejos (CEPAL, 2022c; OPS/CEPAL, 2023). Esto se acentúa aún más en personas mayores que son indígenas y viven en áreas rurales dispersas, alejadas de los centros urbanos con más infraestructura hospitalaria o de servicios. Asimismo, en las zonas rurales, debido a la migración interna, muchas personas en edad de trabajar y con posibilidades de brindar cuidado han migrado hacia las ciudades, por lo que no siempre las personas mayores, especialmente quienes tienen algún tipo de discapacidad o un alto grado de dependencia, como las que se encuentran postradas, podrán contar con servicios de cuidados de largo plazo. Cuando sí se ofrecen estos servicios, los suelen prestar otras personas mayores, sobre todo mujeres mayores que cuidan a sus parejas o a sus padres de 80 años y más.
Otro aspecto importante para considerar es la situación conyugal de las personas mayores, entre quienes la viudez siempre ha presentado una alta proporción (CEPAL, 2017b y 2019b). Una vez más, son las mujeres, de todas las edades, pero principalmente de 80 años y más, tanto de zonas urbanas como rurales, quienes más llegan a esta etapa en situación de viudez (OPS/CEPAL, 2023). El caso de los hombres es distinto, ya que la gran mayoría están casados o unidos, independientemente de la edad que tengan y del área de residencia. Estar sin pareja en edades avanzadas puede aumentar la probabilidad de que las personas vivan solas en el hogar. El porcentaje de personas mayores que viven solas ha ido aumentando en las últimas décadas, y existe una diferencia marcada en la distribución entre las zonas urbanas y rurales. Asimismo, en los cinco países con datos recientes, la proporción de hombres y mujeres mayores que tienden a vivir solos es mayor en el campo que en las zonas urbanas (Huenchuan, 2018). La cantidad de personas mayores que viven solas, en particular las de 80 años y más y las que presentan altos grados de dependencia, da cuenta de la necesidad y la urgencia de fortalecer los servicios de cuidados institucionales, ya que no necesariamente cuentan con apoyos de cuidado de familiares o amigos.
La situación socioeconómica de las personas mayores es el resultado de las desigualdades acumuladas durante la vida. En América Latina y el Caribe, gran parte de las personas mayores no tiene acceso a una pensión por vejez que les garantice seguridad económica. En 2022, el 42% de las mujeres y el 39% de los hombres de 65 años y más en América Latina y el Caribe recibieron pensiones insuficientes. Este porcentaje aumenta al 77% en el quintil más pobre y las diferencias por sexo son muy bajas, mientras que en el quintil más rico el 30% de las personas mayores reciben pensiones insuficientes, y la brecha entre hombres y mujeres es de 6 puntos porcentuales. En los quintiles tercero y cuarto, la brecha es de 6,7 puntos porcentuales, en la que el porcentaje de mujeres mayores que reciben pensiones insuficientes es mayor (véase el gráfico 10).
Gráfico 10
América Latina y el Caribe: personas mayores que reciben pensiones insuficientes por sexo, grupo de edad y quintil de ingresos, promedio ponderado, 2022 (En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
Estos datos muestran la existencia de una marcada desigualdad de clase o estrato social y de género en el acceso a pensiones suficientes: las mujeres mayores perciben más frecuentemente pensiones insuficientes, sobre todo en los quintiles intermedios.
La insuficiencia de las pensiones y la carencia de otras fuentes de ingreso se traduce en la permanencia de muchas personas mayores en el mercado de trabajo más allá de la edad de la jubilación. La tasa de ocupación de las personas de 65 años y más se ha mantenido en alrededor del 20% en el período 2019-2022, y hay una significativa brecha por sexo, ya que la tasa de ocupación de los hombres duplicaba con creces la de las mujeres (véase el gráfico 11) (CEPAL, 2024). Debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), en el primer y segundo trimestre de 2020, la tasa de ocupación de la población de 65 años y más cayó marcadamente en ambos sexos, en particular en los hombres mayores. No obstante, en el último trimestre de 2022, los datos muestran que los valores tienden a acercarse a los que existían antes de la pandemia, aunque persisten las brechas de género (véase el gráfico 11).
Gráfico 11
América Latina y el Caribe (12 países)[a]: tasas de ocupación de la población de 65 años y más, según sexo, por trimestres, 2019-2022[b] (En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2023 (LC/PUB.2023/18-P), Santiago, 2023.
[a] Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay.
[b] Los datos de 2020 y 2021 pueden presentar problemas de comparabilidad con los datos de 2019 debido a ajustes en los procesos estadísticos que los institutos de estadística y censos implementaron por la situación derivada de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).
El no contar con ingresos suficientes para poder acceder a los bienes y servicios básicos necesarios para subsistir en esta etapa de la vida, obliga a un grupo considerable de personas mayores a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Según OPS/CEPAL (2023) “esto se debe a una menor presencia de hogares multigeneracionales donde podrían recibir apoyos de ingresos y la debilidad de los sistemas de pensiones, que no les permite contar con ingresos de subsistencia” (OPS/CEPAL, 2023, pág. 34).
Por otra parte, el aumento sostenido de la demanda de cuidados de largo plazo en América Latina y el Caribe en las próximas décadas resultará también del avance de la transición epidemiológica (CEPAL, 2010a), a causa de la cual las enfermedades o afecciones crónicas y limitantes aumentarán su frecuencia, en particular entre las personas de edades más avanzadas (CEPAL, 2010a). En 2021, la brecha entre la esperanza de vida a los 60 años y la esperanza de vida saludable a la misma edad anticipa que una parte importante de las personas de 80 años, sobre todo mujeres, tendrá alguna discapacidad, lo que exige instalar desde ya servicios de cuidado de largo plazo. Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida a los 60 años que los hombres y también una mayor esperanza de vida saludable a dicha edad, pero tienen por delante más años de vida no saludable que los hombres. Esto lleva a que las mujeres tengan una mayor fracción de la vida en condiciones no saludables desde los 60 años, lo que se asocia, entre otras cosas, al mayor riesgo de experimentar pérdida de la capacidad funcional, especialmente en las edades más avanzadas (OPS/CEPAL, 2023). Debido a lo anterior, se intensifican sus requerimientos de cuidados y se hace más probable que el cuidado que siguen prestando cuando son mayores se efectúe en condiciones de mala salud, lo que agudiza las desigualdades de género entre las personas mayores (véase el gráfico 12).
Las brechas existentes entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable a los 60 años revelan una creciente necesidad de atención y cuidados, que deberían basarse en enfoques integrados que permitan mantener su funcionalidad y autonomía. De ahí la necesidad de contar con políticas de salud basadas en derechos que tengan en cuenta todo el ciclo vital y políticas públicas que incorporen la salud como eje prioritario y transversal con el objetivo de llegar en mejores condiciones de salud a la vejez. Si la prolongación de la vida se acompaña de un aumento de los años de vida con buena salud, se podrá enfrentar los desafíos del propio envejecimiento poblacional y se mejorará la preparación para las crisis sanitarias que pueden ocurrir en el futuro (CEPAL, 2022c y d).
Gráfico 12
América Latina y el Caribe (32 países y territorios): esperanza de vida y esperanza de vida saludable a los 60 años, 2021 (En años)
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), “Global Health Observatory data repository”
La morbilidad más alta entre las personas mayores, sobre todo de edades más avanzadas, es una de las causas de sus mayores requerimientos de cuidados. El gráfico 13 expone, en primer lugar, que en la región las personas de 65 años y más se ven aquejadas en mayor grado por enfermedades cardiovasculares (accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas). Las enfermedades respiratorias crónicas presentan un menor porcentaje, pero también aquejan a una proporción importante de población mayor, al igual que la diabetes. En segundo lugar, resalta que, a mayor edad, aumenta la prevalencia y seguramente también aumenta la comorbilidad, lo que conlleva mayores requerimientos de apoyos y cuidados, en particular en la población que ya tiene secuelas o discapacidad por efecto de estas enfermedades. En cuanto a la diabetes, se constata una mayor prevalencia en las mujeres.
Gráfico 13
América Latina y el Caribe (36 países y territorios)[a]: personas mayores (65 años y más), según enfermedades crónicas seleccionadas, alrededor de 2021 (En porcentajes)
| A. Enfermedades cardiovasculares (accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas) | ||
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| B. Enfermedades respiratorias crónicas | C. Diabetes | |
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Fuente: Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria (IHME), “GBD Results”, Seattle, 2021 .
[a] El Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá. América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
En lo que respecta a enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, el porcentaje de hombres afectados es más alto que el de las mujeres, mientras que la diabetes es frecuente entre las mujeres mayores (véase el gráfico 13) (CEPAL, 2020b).
Prevalencia de la discapacidad en personas de 80 años y más: una mirada a largo plazo
Desde el paradigma de la inclusión social y un enfoque de derechos, las causas de la discapacidad se sitúan en el entorno social y físico, y, por tanto, las carencias, barreras y exclusiones asociadas a la discapacidad no son una característica individual, sino que son el resultado del contexto cultural en que tienen lugar (CEPAL, 2024). Según este paradigma, se debe garantizar el derecho a la protección social de las personas con discapacidad, como se indica en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, se garantiza la seguridad de ingresos, se cubren los gastos asociados a la discapacidad y se logra promover la participación efectiva de estas personas en la sociedad (Bietti, 2023). Para que esto sea posible, “los países deberían establecer sistemas que ofrezcan medidas, acciones, herramientas e incentivos que realmente permitan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad” (Bietti, 2023, pág. 22). Los sistemas inclusivos de protección social deberían contar con ajustes razonables, que se adecuen a situaciones particulares, contemplando las necesidades específicas y los gastos asociados con la discapacidad. Para esto es muy relevante que las políticas y los programas de protección social contribuyan de manera efectiva a garantizar el empoderamiento, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad (Bietti, 2023).
De esta manera, la protección social no contributiva puede ser un eje central para disminuir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Contar con este tipo de programas contribuye a un ingreso seguro y proporciona acceso a servicios sociales y de apoyo, cuidados (cuando es necesario) y cobertura de los gastos asociados a la discapacidad (Ullmann y otros, 2021).
Conforme aumenta la edad, crece la probabilidad de tener alguna discapacidad, por lo que entre las personas mayores hay una proporción más elevada de personas en esta situación (CEPAL, 2022c). Como muestra el gráfico 14, elaborado con datos de censos de la ronda de 2020, se advierte en particular que la proporción de personas con discapacidad aumenta significativamente en el grupo de edad de 80 años y más, con un predominio femenino. La población de 80 años y más presenta una prevalencia de discapacidad que se ubica entre el 31% en Guatemala y el 45% en México. La prevalencia es mayor entre las mujeres. Por ejemplo, en México y Panamá, las mujeres de 80 años y más que tienen algún tipo de discapacidad superan en 4 puntos porcentuales a los hombres de la misma edad. Si estas prevalencias de discapacidad no cambian en las próximas décadas, la cantidad de personas de 80 años y más con discapacidad en Colombia pasaría de 244.000 personas en 2024 al doble en 2035, mientras que en Guatemala y Panamá aumentaría de 41.000 y 38.000 personas de 80 años y más en 2024 a 84.000 y 75.000 personas de 80 años y más, respectivamente, en 2038. México, por su parte, duplicaría esta población en 2040. Por tanto, en aproximadamente 15 años más, estos países podrían sostener el doble de la demanda de apoyo intensivo de cuidados a largo plazo para personas de 80 años y más con discapacidad. Este aumento de la demanda se suma a que estos países aún están resolviendo los cuidados para la población infantil y la población con discapacidad de otras edades, por lo que generará una enorme presión en los sistemas de protección social.
Gráfico 14
América Latina y el Caribe (4 países): población de 80 años y más con discapacidad, 2024-2100
(En miles de personas)
| A. Colombia | B. Guatemala |
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| C. México | D. Panamá |
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York, 2024 y procesamientos de microdatos censales de Colombia (2018), Guatemala (2018), México (2020) y Panamá (2023).
Conclusión
El envejecimiento demográfico y, sobre todo, el aumento de la proporción de población de 80 años y más exigen ampliar los sistemas de protección social y reforzar los servicios de cuidados de largo plazo, cuya prestación formal es notablemente insuficiente en la región.
Hasta ahora, las responsables de atender esta demanda han sido las familias y, dentro de ellas, especialmente las mujeres. Sin embargo, las familias enfrentan numerosas dificultades y limitaciones para ofrecer cuidados a sus integrantes mayores. Asimismo, es frecuente que las personas mayores no cuenten con redes de cuidados o estén obligadas a seguir cuidando a otras personas por falta de apoyo institucional.
Para avanzar en políticas de cuidados de largo plazo que se ajusten a las necesidades tanto de las personas mayores que necesitan estos cuidados como de quienes los brindan, se vuelve crucial fortalecer los sistemas de protección social mediante las políticas contributivas y no contributivas, la valoración social y económica de los cuidados (incluidas las transferencias públicas que buscan aliviar los costos de los cuidados de largo plazo), los programas que permiten gestionar los tiempos de cuidado (por ejemplo, los servicios de respiro) y la asistencia especializada. Esto supone enfrentar desafíos como la estrechez fiscal y considerar estas políticas públicas como una inversión social.
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[1] Este artículo se basa en la sección b “La demanda de cuidados de largo plazo y la protección social en el contexto del envejecimiento” del capítulo III “La protección social ante la crisis de los cuidados y el envejecimiento” del Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024 (CEPAL, 2024a) y en el Observatorio demográfico, 2024 (CEPAL, 2024c).